Conferencia inaugural de la Cambta de Comerç Catalunya-Brasil. Barcelona –Torre Agbar- 11 de noviembre de 2011.

1.- Presentación.

En primer lugar, quiero expresar mi felicitación a los promotores de esta nueva iniciativa, la Cambra de Comerç Catalunya Brasil, dirigida a fomentar las relaciones entre Cataluña y Brasil, especialmente las relaciones económicas  entre ambos países, y que se suma a otras iniciativas existentes en el ámbito territorial español, dirigidas a promover los vínculos comerciales y financieros entre ambos países, tales como la Cámara de Comercio Brasil-España,  las Confederaciones Empresariales, la Cámaras de Comercio, las empresas españolas con inversiones en Brasil, la Fundación Cultural Hispano – Brasileña, la Universidad Complutense, la Universidad de Salamanca, diversas universidades catalanas, y la Fundación Ortega y Gasset, por no recordar al Banco do Brasil y la “Casa do Brasil”, colaboradores desde siempre en la promoción de los intereses brasileños en España, como recordaba en una reciente intervención el Embajador de Brasil en España. Merece también una mención especial, en este ámbito de actuación, el papel que ha desarrollado y desarrolla la Cambra de Comerç de  Barcelona.

En segundo lugar, quiero agradecer a los promotores haberme concedido el honor de pronunciar la conferencia inaugural de las actividades de la Fundación, lo que hago con sumo gusto, dada la personalidad de los fundadores, de un lado, y dada mi especial admiración por ese gran país llamado Brasil, de otro,  el cual ya está emergiendo como una de los principales actores de la escena económica y política mundial.

En 2010, Brasil se situó como la séptima economía mundial, desplazando a Italia y, según su ex-presidente, Luiz Inácio “Lula” da Silva, “Brasil se convertirá entre el 2016 y el 2020, como muy tarde, en la quinta economía del mundo, (desplazando a Francia), sólo por detrás de EEUU, China, Japón y Alemania”, previsión confirmada, a su vez, por los principales organismos internacionales.

Mientras en Europa estamos viviendo la mayor crisis desde la II Guerra Mundial, crisis derivada de nuestra vulnerabilidad ante los aspectos negativos de la globalización económica y de nuestra incapacidad relativa para aprovechar todo su inmenso potencial, debido, sobre todo, a nuestra alarmante debilidad institucional, Brasil está apareciendo a los ojos del mundo como uno de los grandes ganadores de la crisis globalizadora, es decir, del actual proceso de transformación económica y política propiciado por la globalización, ese imparable y maravilloso proceso posibilitado por el desarrollo tecnológico, una de las más formidables herramientas para conseguir que la interacción humana  sea un juego de suma positiva.

Brasil se ha convertido en un auténtico portaaviones de estabilidad política y de crecimiento económico en el corazón de América Latina, en un ejemplo admirable de cómo se pueden llevar, desde una óptica de izquierdas, políticas sociales avanzadas sin vulnerar la ortodoxia económica, o, mejor dicho, de cómo la única manera de llevar a cabo políticas sociales sostenibles es respetando la ortodoxia económica, su principio esencial, que se puede resumir en una sola frase: nada es gratis. Al propio tiempo, esta  es la única vía de consecución de la estabilidad política.

Desde el punto de vista geopolítico, su proyección y peso internacionales, han crecido considerablemente, y se han fortalecido durante la crisis, como lo demuestra su activo papel en el G.20 y el liderazgo regional que no ha hecho más que crecer.

Los temores suscitados hace algo más de ocho años en el sentido de que Brasil podría adentrase en políticas sociales alejadas de la disciplina monetaria y fiscal y de la ortodoxia económica se han demostrado carentes de fundamento. Tan sólo unos meses después de la elección de Lula como Presidente, la realidad vino a desmentir tales temores.

El nuevo Presidente comprendió que era necesario tranquilizar lo antes posible a los inversores y a los mercados financieros, para lo cual aseguró la continuidad de la política económica de su antecesor, Fernando Henrique Cardoso, basada en las recomendaciones de los organismos internacionales. Se planteaba así desde el principio, el gran reto de la nueva Presidencia: hacer compatibles los programas sociales y las medidas distributivas a favor de los más pobres, con el mantenimiento de una política capaz de salvaguardar los equilibrios económicos y de seguir atrayendo un flujo de inversiones.

Así, por un lado, comenzaron a acometerse grandes programas sociales, como el impulso de la titulación de las favelas y de la  regularización fundiaria en general, o el programa Bolsa Familia, considerado el mayor programa de transferencia de renta del mundo, y, por otro, el Gobierno se comprometió a fondo con la disciplina fiscal, cumpliendo las obligaciones asumidas con el FMI por el anterior presidente, y manteniendo su compromiso, después de concluido el acuerdo con el mismo. Actualmente, la disciplina fiscal ya no es objeto de discusión entre los economistas brasileños, sino que forma parte del consenso político básico.

El éxito de lo que podemos denominar el modelo brasileño contrasta poderosamente con los lamentables resultados de las derivas populistas de algunos de los países que le rodean, los cuales se han adentrado en las sendas del empobrecimiento y, por consiguiente, de la inestabilidad política.

Por todo ello, Brasil constituye por sí mismo un excelente mercado para las empresas españolas y, al propio tiempo, una plataforma inmejorable para adentrarse en América Latina, al tiempo que España constituye una excelente plataforma para las empresas brasileñas que deseen adentrarse en Europa.

La nueva Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en su toma de posesión –uno de enero de 2010-  expresó sus deseos y animó en la reunión que mantuvo con el Príncipe de Asturias –el primero en mantener una reunión con la nueva mandataria-, a las empresas españolas a incrementar su presencia e inversiones en la economía brasileña. Pero, además, mostró su interés en que esta relación sea un camino de ida y vuelta, con un incremento de la presencia de las empresas brasileñas en España, las cuales pueden utilizar estratégicamente nuestro país como plataforma de penetración en Europa.

También se refirió al buen momento que ofrece su país por dos importantes acontecimientos como son el  Campeonato Mundial de Fútbol (2014) y los Juegos Olímpicos (2016), donde indudablemente las compañías españolas tienen excelentes oportunidades.

2.-Las relaciones económicas España-Brasil.

Fue el navegante español Vicente Yáñez Pinzón, que acompañó a Cristóbal Colón en su primer viaje a América en 1492, quien descubrió Brasil para los europeos, ocho años más tarde, en 1500, si bien, después de  conocer la desembocadura del  río Amazonas, siguió su camino.  Estas tierras fueron conquistadas finalmente por el portugués Pedro Alvares Cabral, a quien los historiadores brasileños atribuyen, también, el descubrimiento de Brasil con anterioridad a Vicente Yáñez Pinzón.  Sea como fuere, lo cierto es que desde entonces, España y Brasil han seguido su propio camino, cada uno por su lado, y ello a pesar de la centenaria presencia española en el gran país amazónico, hasta el punto de que, hace apenas 20 años, las relaciones económicas entre España y Brasil eran las propias de dos países que vivían dándose la espalda recíprocamente.

A pesar de haber firmado un Tratado de Amistad y Cooperación en los años ochenta, y por increíble que pueda parecernos hoy, la primera visita oficial de un Presidente de Gobierno español a Brasil data de 1979, 157 años después de la independencia. Y, hasta hace pocos años España carecía de Oficina Comercial en Sao Paulo. Dos acontecimientos, sin embargo, cambiaron radicalmente esta situación, según coinciden en señalar las comunidades empresariales brasileña y española.

Por un lado, la ampliación del Plan Nacional de Desestatalización de Brasil en 1995 que pasó a incluir en el proceso de privatizaciones a sectores clave como son los de Telecomunicaciones y Electricidad y dio comienzo al proceso de privatización de las compañías estatales, entre ellas varios bancos. Este hecho suscitó el interés de las grandes empresas españolas, dando inicio y marcando la pauta del aumento espectacular de la inversión española en Brasil.

Por otro, la celebración en 1996 de la mayor exposición industrial de España en el exterior, la Expotecnia, con asistencia de más de 400 empresarios españoles de diversos sectores industriales y tecnológicos.  Fue presentada por S.A.R el Príncipe D. Felipe de Borbón y batió los registros de inversión del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) para un certamen de esas características.

Dos años después, en 1998 España fue el primer inversor extranjero , con un 22 por 100 del total y en 2000, año en que España alcanzó su cifra récord, con el impresionante volumen de 9.592,86 millones de dólares, 28,78 por 100 del total de la inversión extranjera directa en Brasil durante ese año . Tras una fuerte reducción generalizada en el flujo de inversión extranjera en Brasil en el año 2002, fruto de la incertidumbre generada por la inestabilidad política que sufrió el país, el volumen de inversión española ha ido recuperándose, situándose, según los años, entre el primer y tercer mayor inversor extranjero en Brasil.

Como  he mencionado anteriormente, este despegue de la inversión española en Brasil vino de la mano de la ampliación del Plan Nacional de Desestatalización, que atrajo el interés de las grandes empresas españolas, como Telefónica, Endesa, Iberdrola o el BSCH, y que explica que el grueso de la inversión española hasta ahora se haya concentrado en el sector servicios y, dentro de él, en los sectores de telecomunicaciones, la energía y la banca.

Si bien puede hablarse de una tradición centenaria de nuestra presencia en Brasil, debe afirmarse que la actual imagen de marca de España, empresarialmente hablando, se construyó sobre el reconocimiento de los resultados benéficos que para la sociedad brasileña tuvo el gran esfuerzo inversor español y, sobre todo, la mejora de consideración del propio público brasileño respecto de muchas de esas grandes compañías brasileñas que habían acogido inversión española pero que no por ello habían dejado de estar comprometidas con el futuro de Brasil, como cualesquiera otras.

Un proceso de privatización que afectaba a compañías de telefonía, de energía, o a la banca pública, por poner unos ejemplos, no fue un proceso fácil en cuanto a impacto de imagen, como se puede comprender fácilmente.

Pasados ya suficiente años, lo que se puede verificar es  que el trabajo constante de esas empresas privatizadas ha rendido sus frutos y que estas primeras inversiones han ido ejerciendo un efecto tractor, sobre otros sectores y otras empresas, de manera que, en la actualidad, la presencia inversora española alcanza sectores tan heterogéneos como son los de componentes de automoción, ingeniería y construcción civil, azulejos y revestimientos cerámicos, saneamiento ambiental, servicios de seguridad, petroquímica, seguros, máquina herramienta y ferrocarriles, entre otros. Todo lo cual ha configurado la imagen de España en el mercado brasileño en términos  de respeto, seriedad y solvencia empresarial.

España es, pues, una gran potencia inversora en Brasil por el destacado papel que ha jugado en su proceso privatizador, y el efecto arrastre derivado del mismo, que las empresas españolas han sabido aprovechar, pero sus  relaciones comerciales están muy lejos de ese nivel de relevancia. Aunque los volúmenes de exportación española resultan modestos en comparación con nuestra presencia inversora en Brasil, lo cierto es que las relaciones comerciales también son significativas y la evolución muy positiva, tanto en términos absolutos como relativos, lo que sitúa a las empresas españolas en una excelente posición para obtener el máximo provecho de una necesaria mayor apertura del mercado brasileño.

Esta creciente actividad empresarial se ha ido completando con un fuerte incremento de los acuerdos institucionales que han tejido una sólida relación, siendo buena prueba de ello la firma del Tratado de Asociación Estratégica Brasil-España (2003), que persigue fortalecer el diálogo político bilateral e intensificar las relaciones económics y comerciales entre ambos países. Dentro de este  Plan se han creado dos grupos de trabajo bilaterales, uno de Comercio e Inversiones, para ir eliminando progresivamente las barreras que todavía persisten y que dificultan una mayor presencia inversora y comercial de ambas partes, y otro de Infraestructura de Transporte, que se ha convertido en un interesante foro de intercambio de experiencias, del que surgen oportunidades de colaboración.

Posteriormente, desde el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio español , en colaboración con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se lanzó el Plan Integral de Desarrollo de Mercado para Brasil, en 2005,que pretende incrementar y optimizar las inversiones españolas, impulsando a su vez la internacionalización de las empresas en un mercado de tanto importancia económica y comercial.

Brasil, como miembro del MERCOSUR, comenzó a negociar un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea en 1999. Tras estancarse las negociaciones en 2004, se volvieron a reanudar a partir de mayo de 2010. El objetivo es concluir las negociaciones en 2011.

Paralelamente a la negociación con MERCOSUR, la UE y Brasil desarrollan un proceso de Asociación Estratégica que se implementa mediante un Plan de Acción, aprobado en diciembre de 2008.

Este marco de buenos fundamentos económicos e institucionales, está haciendo que fructifiquen ampliamente la llegada de empresas españolas de todos los tamaños a Brasil, dadas las innumerables oportunidades que abarcan diferentes sectores como turismo, ingeniería, editorial, logística, concesiones viales, energía, banca, seguros, telecomunicaciones, que a su vez abren oportunidades para empresas multinacionales que eligen España como plataforma de entrada en Brasil y América Latina.

Hoy Brasil representa cerca del 40% del PIB de América Latina. En términos de inversión de stock, España es el tercer inversor mundial en el país con 35.352 millones de dólares. Es el primer destino de nuestras exportaciones a la Latinoamérica, concentrando el 33 por ciento de toda la inversión española en esa área.

Todos estos datos, así como el hecho de ser el país menos afectado por la crisis, sus buenos fundamentos económicos, su estabilidad política, su creciente liderazgo regional y su incipiente aparición en escena como uno de los grandes actores políticos en el nuevo escenario globalizado, junto con China, Rusia y la India, lo convierten en un lugar ideal para invertir y en la  plataforma ideal para expandirse por América Latina.

3.-El programa de parcerías público-privadas (PPP) y el Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC).

       Los programas de parcerías público-privadas (PPP) y el Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC) configuran, conjuntamente, excelentes oportunidades de inversión para las empresas españolas en Brasil. Me referiré a cada uno de ellos separadamente.

3.1.-Las parcerías público-privadas.

Las parcerías público-privadas  –más conocidas por sus siglas en inglés Public-Private Partnership-  tienen precedentes en el Reino Unido, Portugal, Paises Bajos, Francia y, hasta cierto punto, también España, país en el que se han desarrollado históricamente diferentes modalidades de gestión indirecta de los servicios públicos.

El déficit de infraestructuras básicas continúa siendo un cuello de botella para el crecimiento equilibrado de la economía brasileña, lo que, a su vez, constituye una importante oportunidad de negocio para las empresas españolas. El desarrollo de las mismas requiere ingentes recursos presupuestarios, lo que es incompatible, entre otras cosas, con el firme compromiso de disciplina fiscal del gobierno brasileño, disciplina fiscal que constituye, como he expuesto, un consenso básico entre los economistas y políticos brasileños.

Con el fin de conseguir ambos objetivos, el gobierno federal de Brasil lanzó el Programa de Parcerías Público-Privadas, con el que pretende atraer el mayor volumen de inversión privada en el área de infraestructuras.

Existe una Ley Federal que las regula –Ley 11079, de 30 de diciembre de 2004-  y los principales estados han desarrollado sus propias leyes, especialmente los de la región del sudeste y del sur, las cuales aglutinan el 76% del PIB brasileño.

La Parcería Público Privada se define como un acuerdo entre la administración pública (federal, estatal o municipal) y un agente privado, bajo la forma de concesión de servicio público, autorización, ejecución de obra pública o arrendamiento, cuyo objeto sea proyectos de difícil o imposible viabilidad bajo los regímenes tradicionales. Así, no habrá Parcería Público Privada cuando el inversor privado pueda obtener su rentabilidad directamente del proyecto, por medio de precios o tarifas, o cuando la Administración se disponga a financiar íntegramente el proyecto en un proceso de licitación.

La Parcería Público Privada presupone el pago de una remuneración, única o complementaria, por parte de la Administración Pública al agente privado, por un periodo de hasta 35 años. Esta remuneración podrá incluso estar vinculada no sólo a la disponibilidad del bien o servicio contratado, sino al cumplimiento de obligaciones de resultado –por ejemplo, en sanidad, la gestión de un hospital, y no sólo su construcción o equipamiento-.

Existen diferentes modelos de parcerías, en los cuales no podemos detenernos, pero sí parece oportuno hacer una referencia a los criterios para la inclusión de un proyecto en el programa de parcerías público-privadas, así como al elemento caracterizador de tal forma de colaboración entre los sectores público y privado, en relación a otras formas más clásicas de colaboración, tal como la concesión administrativa en sus diferentes modalidades.

En relación al primer punto, las directrices que deben seguirse para la inclusión de proyectos en el programa de PPPs son las siguientes :

(i)    Eficiencia en el cumplimiento de las misiones de la Administración actuante y en el empleo de los recursos de la sociedad;

(ii)   Respeto a los intereses y derechos de los destinatarios de los servicios y de los entes privados a quienes incumba su ejecución;

(iii)  Indelegabilidad de las funciones de regulación, jurisdiccional y de ejercicio del poder de policía;

(iv)  Responsabilidad fiscal en la celebración y ejecución de las parcerias;

(v) Transparencia en el procedimiento y en las decisiones;

(vi)  Reparto de los riesgos de acuerdo con la capacidad de los partícipes para gestionarlos; y

(vii) Sustentabilidad financiera y ventajas socioeconómicas del proyecto en parceria.

De entre las citadas directrices, cobra especial relevancia el reparto de riesgos . De hecho, la PPP se encuentra en un punto intermedio precisamente por la flexibilidad que ofrece para distribuir los riesgos.

Frente a esquemas en que la totalidad o la mayoría de los riesgos permanecen en la Administración (contrato de obra pública) y frente a los esquemas inversos, en que la totalidad o la mayoría de los riesgos son traspasados al sector privado (privatizaciones, project finance, concesiones administrativas), cada PPP debe buscar el nivel óptimo de distribución de riesgos que, por supuesto, no debe ser el mismo ni para cada sector ni, dentro de cada sector, para cada proyecto.

Este aspecto es de fundamental importancia para la atracción de inversiones privadas. En una concesión tradicional, cabe que el riesgo de crédito del inversor acabe diluído en una masa de usuarios; sin embargo, en la Parcería Público Privada el riesgo de crédito está típicamente concentrado en el poder público. La regulación del modelo ha aportado notables avances en este campo, previendo la vinculación de los ingresos y la institución de fondos especiales de garantía, dotados con activos o recursos que ya son, en algunos casos, ciertamente relevantes.

La PPP no varía la naturaleza jurídica de los instrumentos ya existentes (concesión o autorización por lo general), pero les añadirá alguna característica peculiar . Así, mientras en un proyecto típico de concesión administrativa, el concesionario asumirá prácticamente todos los riesgos (y, particularmente, el riesgo de demanda o riesgo comprador), en un proyecto PPP algunos de los riesgos (incluido el riesgo comprador) serán asumidos, total o parcialmente, por la Administración actuante (en el caso del riesgo comprador, mediante la complementación de la remuneración tarifaria o, en su caso, la asunción de la totalidad de la remuneración del contratado). Así, el ámbito natural de las PPPs serán aquellas obras o servicios públicos que no sean capaces de generar per se recursos suficientes para garantizar un adecuado retorno a la inversión del empresario privado. De este modo, por esta vía, se han desarrollado proyectos tan diversos como la construcción de prisiones, hospitales, redes eléctricas, autopistas o explotaciones ferroviarias.

El sector de las infraestructuras y transportes es un destino natural de los programas de Parcería Público Privada. Existen muchas oportunidades para el sector privado en la financiación, construcción, operación y mantenimiento de carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles y líneas de metro, además de sus servicios auxiliares.

En el caso de Brasil, los programas de Parcería Público Privada tienen como una de sus prioridades estimular el desarrollo de corredores multimodales de transportes, permitiendo un aprovechamiento más eficaz de las hidrovías –muy importantes en Brasil-, los ferrocarriles, la red viaria por carretera y los puertos. Es común señalar esos puntos como críticos en el desarrollo de las exportaciones brasileñas, que han batido todos sus registros históricos en los últimos años, pese a las deficiencias infraestructurales a las que se enfrentaban.

3.2.-Plan de aceleración del crecimiento.

Sin lugar a dudas, el programa más destacado del Gobierno brasileño, por sus ambiciosos objetivos, es el Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC), con la finalidad de acercarse a las tasas de crecimiento de las otras potencias emergentes (China, India, Rusia), lo que exige un impulso muy vigoroso de la inversión, especialmente, en infraestructuras de todo tipo, pero sin el recurso a la emisión de deuda,  pues, como he repetido, la disciplina fiscal es uno de los consensos básicos de la política brasileña, por lo que, para la ejecución de los ambiciosos proyectos de desarrollo de infraestructuras que integran el Plan, el Programa de Parcerías Público –Privadas es un instrumento especialmente adecuado.

El PAC significa el retorno del papel del Estado en la planificación estratégica y en la definición de prioridades en la agenda del crecimiento en los próximos años. Este no es el primer plan estratégico brasileño, pues el país cuenta con una tradición histórica en la materia como lo atestiguan los sucesivos planes implementados desde 1947 hasta el plan “Avanza Brasil” de 2000 del ex presidente Fernando Enrique Cardoso. Sin dudas, el más audaz fue el plan de 50 años en 5 del ex presidente Juscelino Kubitschek, que culmino con la construcción de Brasilia.

El PAC fue lanzado por el Presidente Lula, con un presupuesto para la primera fase (2007-2010)  de 200.000 millones de euros. ¿Cual es el origen de estos fondos? Las empresas estatales pagarían el 43 por ciento de estas inversiones (mayoritariamente Petrobrás), el sector privado (a través de asociaciones publico-privadas) financiaría otro 43 por ciento y el Estado a través del presupuesto de la Nación será responsable por el 14 por ciento restante. El plan, sin embargo, ha seguido un ritmo de ejecución más lento de lo previsto.

En esta fase, los proyectos de infraestructuras más significativos para las empresas extranjeras ascienden a 29.200 millones de euros y se distribuyen en los sectores de autopistas, ferrocarriles, puertos y electricidad, siendo el proyecto más emblemático, por su cuantía económica, (18.000 millones de euros) y significado estratégico, el tren de alta velocidad Galeo-Guarulhos-Viracopos, que unirá las ciudades de Rio de Janeiro y Sao Paulo; incluye la concesión de la explotación durante cuarenta años y deberá estar operativo para los Juegos Olímpicos de 2016.

Por otro lado, casi 65.000 millones de euros están destinados a infraestructura social y urbana, de los cuales el 60% está destinado a vivienda social, básicamente a través del Programa Minha Casa, Minha Vida, que pretende construir 1.000.000 de viviendas populares, pues el déficit habitacional supera los 8.000.000, donde las constructoras españolas y sus experiencias en viviendas de protección social pueden aportar sus amplias capacidades. También los arquitectos y otros profesionales, si bien, para ello, es preciso que Brasil flexibilice las barreras actualmente existentes en materia de servicios profesionales, una de las principales barreras actualmente existentes para incrementar la cooperación estratégica entre ambos paises.

En este campo, también cabe una amplia cooperación institucional, dada la amplia y exitosa experiencia española en materia de vivienda social. El pasado año, por encargo de la Secretaría de Estado de Vivienda y Políticas Urbanas, tuve ocasión de explicar a los principales ejecutivos de la Caixa Económica Federal, encabezados por su vicepresidente, la legislación española en materia de viviendas protegidas, así como la ingeniería jurídica del mercado hipotecario español. Ambas materias despertaron gran interés y están inspirando, en buena medida, la política que se está siguiendo al respecto. En esta materia, Cataluña cuenta con una experiencia especialmente exitosa, especialmente mediante la potenciación del arrendamiento y la propiedad superficiaria en estos ámbitos durante los últimos años.

Con sus luces y con sus sombras, la Primera fase del Programa de Aceleración del Crecimiento (2007-2010) merece un juicio positivo. Con las lecciones aprendidas, se lanzó el nuevo  PAC II, incluso antes de haber concluido la ejecución de una parte significativa del PAC I, debido, probablemente, a razones electorales.

Sin lugar a dudas, el nuevo PAC II 2010-2014, con 625.000 millones de euros, hará que esta vigorosa dinámica inversora amplifique aún más las posibilidades y presencia de las empresas españolas, las cuales deben ser aprovechadas intensamente, pues Brasil se ha convertido para España en un socio estratégico que se refuerza por las crecientes interrelaciones entre ambas economías.

Según datos oficiales, el índice de seguimiento del PAC2 muestra que, a mediados de 2011, el 56% de las acciones del plan se encontraban en construcción, un 30% en la fase de licencia o proyecto, y un 13% en la fase de licitación.

   Asimismo, según el primer informe del Segundo Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC2), inversiones públicas y privadas de 56 mil millones de dólares se hicieron en el primer semestre de 2011. Cerca de 6,5 mil millones de dólares provinieron directamente del presupuesto del Gobierno Federal.

El panorama descrito abre unas excelentes oportunidades  de inversión para nuestras empresas en la economía brasileña.

4.- Inversión de empresas brasileñas en España.

Del mismo modo, inversamente, España ofrece excelentes oportunidades de inversión para las empresas brasileñas.  Las intensas relaciones entre las economías española y portuguesa, la proximidad cultural, la buena imagen recíproca de ambos países, son importantes factores a tener en cuenta, pero, además, hay dos que presentan una especial relevancia. En primer lugar, España es un excelente portaaviones para las empresas brasileñas que deseen desembarcar en Europa, de lo que ya hay notables ejemplos. En segundo lugar, la crisis de la eurozona ofrece excelentes oportunidades de inversión en empresas españolas, cuyas cotizaciones se están viendo seriamente afectadas por la crisis que estamos atravesando y que, sin duda, superaremos. En este contexto, Cataluña ofrece importantes ventajas competitivas: su tejido empresarial, su situación geográfica y el hecho de que el Govern de la Generalitat esté llevando a cabo una seria política de austeridad, que augura una superación de la actual situación con anterioridad a otras zonas del territorio, son factores relevantes  que deben ser considerados.

Desde una perspectiva brasileña, Cataluña resulta, además, especialmente atractiva por razones turísticas y educativas.  Permítanme que preste especial atención a este segundo ámbito. En estos momentos, el Gobierno brasileño está invirtiendo fuertemente en becas para intercambios –en el momento presente, unas 12.000 becas- especialmente con Europa y Estados Unidos y las universidades catalanas despiertan un especial atractivo entre los estudiantes brasileños. Es ésta una oportunidad que debe ser aprovechada al máximo, pues los vínculos educativos son profundos y duraderos, contribuyen a la convergencia institucional, y facilitan el intercambio de ideas, así como, finalmente, el de bienes y servicios. Para conseguir que haya un importante flujo de estudiantes brasileños hacia Cataluña es imprescindible que haya firmados convenios entre las universidades catalanas y las brasileñas, pues ésa es la vía elegida por el programa de becas para el intercambio. Algunas universidades catalanas ya tienen firmados convenios con algunas universidades brasileñas, pero es imprescindible que más universidades firmen más convenios, algo que debería ser estimulado por la Cambra de Comerç, así como por el Govern de la Generalitat.

5.- Necesidad de mejoras institucionales

Aunque, como hemos visto, se ha generado un notable marco institucional que facilite los buenos fundamentos económicos de las relaciones entre ambos países, sin embargo, convendría fortalecer dicho marco institucional mediante, por ejemplo, acuerdos recíprocos de protección de inversión, el tipo de convenio, normalmente bilateral, conocido como APPRI, por lo que no existen cauces para dirimir disputas de esa naturaleza ante organismos arbitrales internacionales –como ocurre con otros países-.

No se trata, sin embargo, de una grave deficiencia institucional, dada la fiabilidad de Brasil, como lo demuestra el nivel de inversiones españolas en el país .

Ni ha existido contagio de lo ocurrido en otros países vecinos en relación con la protección de la inversión extranjera, ni en Brasil, por su propia estructura, es verosímil que se puedan producir situaciones de esa naturaleza –expropiaciones declaradas o veladas, imposiciones arbitrarias en ajustes tarifarios, etc- se puedan producir, como atestigua el comportamiento del Gobierno brasileño, tras la llegada al poder del Partido Trabalhista.

No obstante, sería un instrumento útil de trabajo.

Ahora bien, Brasil también debe introducir mejoras sustanciales en diferentes áreas, si desea atraer un mayor volumen de capital exterior, algo que necesita con claridad. En efecto, a pesar de que la inversión ha avanzado considerablemente –un 22% en el 2010-, habiendo llegado a representar el 18.4% del PIB, está aún a seis puntos del nivel deseable para llegar a un crecimiento sostenido del 5.5%. En comparación con sus colegas BRIC, China destina el 48% e India el 33%.

Para lograr ese crecimiento sostenido, es necesario que Brasil incremente su grado de libertad económica, todavía reducido, incluida la superación de su endémica falta de apertura comercial. Ciertamente, Brasil ha dado pasos importantes en esta dirección, en la que debe perseverar. Así, si en el año 2006, el estudio de la Heritage Foundation sobre el Indice de Libertad Económica, colocaba a Brasil en el puesto 81 de los 157 países calificados, en el Informe correspondiente a 2011 lo sitúa en el puesto 113 de 179 países calificados, lo que es un dato preocupante, si bien, a mejorado un 0.7% en relación al año anterior. En todo caso, en este ámbito, Brasil se halla situado no solamente por debajo de la media internacional, sino también de la media de América Latina.

En una línea parecida se sitúan los datos resultantes del Informe Doing Business para 2012 del Banco Mundial, el cual tiene en cuenta, desde una perspectiva cuantitativa, los trámites necesarios para realizar negocios, y que sitúa a Brasil en el puesto 126 de los 183 países analizados, con un retroceso de 6 puestos en el ránking en relación al año anterior.

El informe señala mejorías en algunos puntos, como por ejemplo, el de facilidades para la comenzar un negocio, aspecto en el que pasa del 125 al 120, al tiempo que muestra retrocesos en aspectos importantes, como la obtención de crédito (del 96 al 98), la protección de inversiones (74 a 79), o Registro de la Propiedad (109 a 114), si bien, en este último aspecto hay que resaltar que Brasil tiene un excelente sistema registral, especialmente en Sao Paulo, Brasilia y Rio de Janeiro, así como en Rio Grande do Sul, hasta el punto de que su coste en tiempo y en dinero es casi la mitad de la media de América Latina. En otros aspectos relevantes no ha sufrido variación alguna, como la de contractual enforcement, apartado en el que sigue situado en el puesto 118.

Todo ello pone de manifiesto que Brasil debe incrementar su grado de libertad económica, así como su fortaleza institucional si desea mantener un ritmo de crecimiento suficiente y sostenible.

En el primer aspecto, y por lo que respecta a las relaciones con nuestro país, dado el alto grado de inversión directa española en Brasil, deberían negociarse acuerdos bilaterales que posibiliten un mayor desarrollo de las relaciones comerciales, pues el volumen de exportaciones españolas no guarda la debida proporción con su condición de principal país europeo inversor en Brasil y segundo del mundo por inversión acumulada.

También deberían flexibilizarse las barreras de entrada que hoy sufren los profesionales españoles, especialmente arquitectos y urbanistas que, en Brasil, desde 2010, son dos profesiones distintas, así como los servicios integrados de ingeniería.

Estas medidas contribuirían al solventar uno de los principales cuellos de botella de la economía brasileña, junto con su déficit de infraestructuras, cual es su déficit de capital humano, cuyos índices son muy inferiores a los de otros países emergentes, a pesar de los esfuerzos que se han desarrollando y que se están desarrollando a través, sobre todo, del Fondo de Desarrollo de la Educación Básica (Fundeb) puesto en marcha por el anterior presidente del país, Luiz Inácio “Lula” da Silva.

Una mayor flexibilización en estas áreas facilitaría la inversión de empresas españolas y tendría una repercusión muy positiva en el intercambio de bienes y servicios. España tiene en estos momentos profesionales, jóvenes y cualificados, que ven Brasil como una gran oportunidad, más atractiva que muchas otras, debido a que Brasil está soportando la crisis particularmente bien, a pesar de las dificultades que están apareciendo, a las afinidades culturales, y al alto nivel inversor de España en Brasil. Al propio tiempo, la llegada de estos profesionales –arquitectos, ingenieros de todo tipo, etc, especialmente bien valorados a nivel internacional- contribuiría a paliar el alarmante déficit de capital humano de la economía brasileña, posibilitando así el ritmo de crecimiento deseado.

Los informes a los que he hecho referencia señalan la debilidad institucional del país como uno de los principales puntos débiles de la economía brasileña. Para que una economía pueda funcionar adecuadamente, especialmente en un contexto de fuerte competencia internacional por un capital escaso, es preciso que los países sean capaces de suscitar confianza. Ello requiere, entre otras muchas cosas, que los derechos de propiedad estén bien definidos, sean respetados, fácilmente transferibles, y que los contratos sean cumplidos.

Todo ello depende en gran medida de la calidad institucional del país, configurada, entre otros factores, por la calidad de sus normas y la efectividad de los organismos encargados de hacerlas cumplir, hasta el punto de que se ha llegado a afirmar que la calidad institucional es la piedra angular del edificio de la civilización

Por lo que se refiere al ámbito normativo, ya me he referido a la conveniencia de introducir un mayor grado de libertad económica, disminuyendo la actual complejidad burocrática, y por lo que se refiere a la efectividad para hacer cumplir las normas en vigor, en caso de incumplimiento, depende en gran medida de la efectividad del sistema judicial, muy lento, débil y no exento de la plaga de la corrupción, ni de la interferencia política. Estas debilidades institucionales, hacen que Brasil se coloque, en esta área, por detrás de países como México, Perú o Chile, si bien en los últimos años su situación ha ido mejorando progresivamente.

6.- La crisis de la zona euro

No  sería justo finalizar esta intervención sin hacer referencia a  nuestra situación que debe ser integrada dentro de la grave crisis por la que atraviesa la zona euro.

Ciertamente, atravesamos la mayor crisis desde la segunda guerra mundial, una crisis de una gran profundidad y de una duración no determinada, a la que han contribuido múltiples factores, desde un fallo institucional en cadena que permitió la explosión de las hipotecas subprime en Estados Unidos, la titulización de las mismas empaquetadas con otras de mayor calidad, su calificación como triple A, su adquisición por Fondos e instituciones de todo tipo, entre ellas, muchas europeas, si bien no españolas, debido a la política restrictiva impuesta por el Banco de España en su momento, y que dio lugar a una crisis financiera en la primera economía del mundo, que rápidamente se extendió a Europa, con Estados fuertemente endeudados, o, en algunos casos, como España, poco endeudados hasta 2008, pero con un gran endeudamiento privado, y con una moneda común, el euro, cuyo nacimiento fue bautizado en su momento por el Conde Otto Lambsdorff, antiguo Ministro alemán de Economía, como una” mala decisión económica pero una buena decisión política”.

Ciertamente,  Europa no reunía las condiciones para ser una zona monetaria óptima, como pusieron de manifiesto diversos especialistas, y, en ese sentido, era una mala decisión económica, aunque sería más exacto afirmar que era una decisión arriesgada, pero no irresponsable

Como señaló Hayek, un Estado, para ser tal, debe tener ciertos atributos básicos, uno de ellos, la acuñación de moneda. En este sentido, transferir tal facultad a una entidad supranacional, como el BCE, sólo tiene sentido como paso para la construcción de una entidad política europea porque, si bien es cierto que no puede haber Estado sin moneda, también es cierto lo contrario, que no puede haber moneda sin Estado.

Conscientes de ello, se exigieron una serie de requisitos a los países de la Unión  Europea, para ser admitidos en el euro, si bien, como hoy vemos, no se fue  en su momento todo lo rigurosos que hubiera sido necesario.

Además, la Unión Monetaria, fue acompañada de un Pacto de Estabilidad, que preveía sanciones en caso de incumplimiento. La ausencia de una Unión Política hizo que, cuando dicho Pacto fue incumplido, especialmente por Francia y Alemania, a comienzos del presente siglo, no fueran posibles las sanciones. Dio lugar también a que la política seguida por el Banco Central Europeo, entidad clave de la Unión Monetaria, con todas las competencias en materia de política monetaria, se adaptara especialmente a las exigencias de los dos países más poderosos de la Unión, Alemania y Francia, adoptando unos tipos de interés muy bajos, especialmente adaptados a las necesidades de estos dos países y, especialmente de Alemania, en pleno proceso de incorporación de Alemania Oriental, lo que facilitó  extraordinariamente la financiación de los costes de integración, pero dio lugar a que en ciertos países de la Unión, los tipos de interés reales fuesen negativos. Es ahí donde debe buscarse el origen del sobreendeudamiento privado que hoy pesa como una losa sobre nuestra economía, si bien las empresas están demostrando una admirable capacidad de ajuste en relación al mismo.

En este contexto, se produjo el estrepitoso fracaso del Tratado Constitucional Europeo, del que nada más se supo. Ello significaba que la condición necesaria para que el euro fuese un instrumento útil para todos no se ha cumplido: hoy tenemos estados sin moneda y una moneda sin  estados, en el contexto, además, de la mayor crisis financiera desde los años treinta del pasado siglo y de una economía globalizada, en la que están apareciendo nuevas potencias emergentes, con creciente peso económico y político, singularmente Brasil, Rusia, India y China, a los que la Agencia Goldman Sachs calificó en 2003 como BRICS, países donde los rendimientos de las inversiones serían más altos que en los países desarrollados como, efectivamente, está sucediendo.

Tal situación coloca a los países europeos en una posición muy delicada: presos de un alto endeudamiento, carecen de un Tesoro común, de una política fiscal común y, en fin, de un Gobierno común, por limitado que fuese su alcance. Esta es la principal debilidad institucional europea, una debilidad de especial gravedad, la cual dota, además, a las dos principales economías del área, de un poder de hecho que puede hacer que tengan escaso interés en un fortalecimiento institucional europeo, al menos en el sentido que ha venido inspirando, hasta ahora, la construcción europea.

7.- Consideraciones finales

Ello, sin embargo, no debe conducirnos a una visión pesimista de nuestro futuro. Me van a permitir, por extraño que pueda parecerles, que vaya finalizando mi intervención, con una cita, un tanto extensa, de Kant, el gran filósofo alemán, del siglo XVIII, cuya adecuada inteligencia requiere saber que la deuda pública surgió históricamente, al menos en Europa, como medio de financiar las guerras, por parte de las repúblicas del norte de Italia, allá por el siglo XIII, -como ha explicado Ferguson, en su excelente obra “The Ascent of Money”- . Pues bien, afirma Kant:

“…la propia guerra se convertirá poco a poco, no sólo en algo muy artificioso y de dudoso desenlace para ambas partes, sino también (debido a las funestas consecuencias que el Estado experimenta con una deuda pública -¡ esa nueva invención!- siempre en aumento, deuda cuya amortización es sencillamente incalculable) en una empresa arriesgada, dada la repercusión que toda quiebra estatal tiene sobre los otros Estados, al estar tan entrelazadas sus actividades comerciales en esta parte del mundo; esta interdependencia es algo tan notable que los Estados, apremiados por su propio peligro, se ofrecen a hacer de árbitros de la situación aunque no tengan autoridad legal para ello, preparándose así, indirectamente, para integrar un macrocuerpo político, algo de lo que los tiempos pasados no han ofrecido ejemplo alguno. Si bien este cuerpo político sólo se presenta por ahora en un tosco esbozo, ya comienza a despertar este sentimiento, de modo simultáneo, en todos aquellos miembros interesados por la conservación del todo. Y este sentimiento se troca en la esperanza de que, tras varias revoluciones de reestructuración, al final acabará por constituirse aquello que la Naturaleza alberga como intención suprema: un estado cosmopolita universal en cuyo seno se desarrollen todas las disposiciones originarias de la especie humana”.

Estas palabras fueron escritas en  1784. Forman parte del opúsculo Ideas para una historia universal en clave cosmopolita, esto es, considerando que la lógica interna del comportamiento humano está gobernada por la supervivencia de la especie, no la del individuo, y que, por lo tanto, los acontecimientos históricos deben ser evaluados en función de si se adaptan o no a esta racionalidad subyacente del proceso histórico, racionalidad avalada por la moderna sociobiología o la economía institucional,  que tiende a interpretar el devenir humano en clave evolutiva, no sólo en el aspecto biológico, sino también en el social.

La diferencia fundamental entre Kant y la moderna economía institucional se encuentra en el hecho de que Kant creía que la racionalidad subyacente del proceso histórico no es intencional, mientras que los modernos institucionalistas ( v.gr.: D. North) piensan que, mientras la evolución biológica no es intencional, sí lo es la evolución institucional.

Esta perspectiva permite entender adecuadamente la racionalidad subyacente del proceso globalizador, que no es otra que la de favorecer el progreso entendiendo por tal el desarrollo de una cooperación crecientemente profunda y compleja entre los individuos dentro de grupos cada vez más amplios e impersonales. En eso precisamente, consiste el progreso económico.

En mi opinión, los actuales acontecimientos dentro de Europa deben ser contemplados como el ten con ten insoslayable previo a la modificación de cualquier statu quo, modificación que sólo puede ir en el sentido de una mayor integración, como ya argumentaba Kant en 1784, o de mayor alcance y complejidad como afirmaba Teilhard de Chardin.

La historia humana tiene una trayectoria básica dirigida a un creciente grado de interacción humana, o si se prefiere, a juegos de suma positivo cada vez más amplios y complejos, de donde deriva, un mayor bienestar basado en una mayor especialización y, por lo tanto, en una mayor interdependencia recíprocas. Como afirma Wright, en los grandes juegos históricos de suma no nula, si formas parte del problema, seguramente serás víctima de la solución.

Ciertamente la trayectoria no es lineal. Para que los juegos no acaben siendo de suma negativa, es necesario que los intereses de los jugadores se hallen imbricados y, además,  que los jugadores tengan conciencia de ello. Si no es así, el juego no acabará en una victoria múltiple sino en una múltiple derrota.

Por ello, es preciso no olvidar que, al igual que ciertos juegos –tenis, fútbol, ajedrez- sólo pueden ser de suma cero, otros , especialmente aquellos que implican una gran interdependencia entre los jugadores (ej, alpinismo, cierta situaciones dramáticas como la de los astronautas del Apollo XIII), no pueden ser de suma cero, sino solo de suma positiva –ganan todos- o de suma negativa –pierden todos-, aunque puedan tener fases o aspectos de suma cero. Si este tipo de juegos o de situaciones se afrontan con mentalidad de juego de suma cero, la derrota colectiva está asegurada. Por el contrario, si se juegan sabiendo que sólo puede acabar en derrota o en triunfo colectivo, la victoria está asegurada. Ello requiere saber que cada uno tiene que desempeñar un papel distinto, porque si todos se empeñan en desempeñar el mismo papel la inacción está asegurada.

En su momento, los bajos tipos de interés decididos por el BCE, donde, como he dicho, tienen una especial influencia Alemania y Francia, facilitaron la financiación de los costes de integración de la Alemania Oriental, así como la exportación de bienes y servicios alemanes al resto de la zona euro; correlativamente, dichos tipos de interés, que facilitaron las exportaciones alemanas al resto de la zona euro, estimularon el sobreendeudamiento de los países con menor productividad y un nivel de inflación por encima del de los tipos de interés de referencia. No es ninguna sorpresa. Von Misses ya había advertido de las consecuencias de que el precio del dinero sea excesivamente barato: son, exactamente, las que estamos sufriendo en nuestro país. Ahora, es necesario solventar el problema del sobreendeudamiento. Para ello, es necesario que los países sobreendeudados  se apliquen a adoptar reformas estructurales y disciplina fiscal, pero, también que, simultáneamente, los países con capacidad para ello, asuman su papel de locomotora de la economía europea. Si no lo hacen, los esfuerzos acabarán resultando estériles y, aún más, perjudicando a todos, pues si todos nos aplicamos en gastar menos, ninguno podrá facturar más y, en consecuencia, todos nos hundiremos. Este no es un juego de suma cero sino de suma no nula, que será positiva o negativa, dependiendo de cómo lo juguemos. De lo contrario, los esfuerzos acabarán resultando estériles y, aún más, perjudicando a todos.

Europa ya ha acumulado mucha experiencia en este terreno, la suficiente como para haber aprendido que es preferible la cooperación a la confrontación, aunque todo juego cooperativo suele atravesar fases de suma cero, en las que lo que gana uno lo pierde el otro.

Algo que debe ser tenido muy en cuenta por todos, también y, especialmente, por nuestros dirigentes políticos.

También por las empresas brasileñas, lo que sitúa a España en una situación difícilmente mejorable como puerta de entrada al mercado europeo, en pleno proceso de vertebración institucional, y, dentro de España, a Cataluña, por las razones expuestas.

Afortunadamente, el G-20,en su reciente reunión de Cannes, ha apostado por una reactivación selectiva de la demanda por parte de los países más saneados –Alemania y Francia-, a fin de que la economía internacional se pueda reactivar, y se vaya alejando el peligro de la recesión.

Muchas gracias por su atención.

Fernando P. Méndez González

Há anos o Conselho vem entendendo que a apresentação das ditas certidões em casos de adjudicação compulsória é sempre exigível.

O acórdão que inaugurou o entendimento que se consagrou parece ter sido o proferido na AC 31.436-0/1, j. 16.2.1996, São Paulo, rel. des. Márcio Martins Bonilha. No V. aresto fico consignado que o acesso de carta de sentença, extraída de ação de execução de obrigação de fazer, ficaria condicionado à apresentação de certidões negativas de débitos do INSS e Receita Federal. A sentença substitutiva de vontade do alienante (pessoa jurídica) não elidiria a exigência legal da apresentação dos documentos necessários já que se deslocariam ao adquirente os direitos e deveres acessórios e laterais decorrentes do compromisso original.

Conclui o relator que não poderia a “sentença substitutiva de vontade permitir ao apelante a obtenção de vantagens e isenções que não alcançaria, caso houvesse o cumprimento voluntário da obrigação”.

O tema é espinhoso, pois desloca ao adquirente, na maioria dos casos pessoa física, a obrigação de diligenciar documentos comprobatórios da regularidade fiscal e tributária da pessoa jurídica alienante, tornando-o refém da malha arrecadatória do poder público, numa extravagante ultrapassagem dos limites da responsabilidade original. Isto na melhor das hipóteses, já que se antevê uma preocupação, quiçá justificável, de impedir a consumação de fraudes pela via judiciária.

O acórdão publicado ontem no Diário da Justiça merece ser lido não pela reiteração do entendimento consolidado, mas pela dissensão manifestada pelo desembargador Ciro Campos, para quem seria simplesmente vedado ao Estado “impingir obrigação a interposta pessoa cujo direito provém do interesse haurido de pacto adimplido”.

Pouco a pouco o entendimento do R. Conselho vem se modificando e assimilando novos pontos de vista que podem renovar, de maneira benfazeja, o entendimento consolidado ao longo de vários anos.

Transcrevo o voto do des. Ciro Campo proferido na AC 0095421-37.2011.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, j. de 22.8.2011:

Ouso dissentir da ilustrada maioria para declarar, com a devida vênia, voto divergente vencido.

É vedado ao Estado impingir obrigação a interposta pessoa cujo direito provém do interesse haurido de pacto adimplido.

Eleger a forma como escopo último é subverter a essência de sua instrumentalidade.

Preço pago, adjudicação aperfeiçoada, carta de sentença expedida, a falta de exibição de certidão não impede o registro do título.

O órgão da previdência social ou a Secretaria da Receita Federal não serão prejudicados com a não-apresentação da quitação.

Dívida havendo, lançarão mão dos meios próprios para cobrá-la quer do responsável tributário direto quer do indireto.

Vicissitudes do infortúnio comercial não repercutem em conta de terceiro que honrou dever contratual.

A recusa revela filigrana teratológica que afronta a razoabilidade em antítese ao exercício do direito do apelante como draconiana imposição ao recolhimento de tributos.

Pelo exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso para aperfeiçoamento do registro à míngua da exibição das certidões reclamadas. (a) CIRO CAMPOS, relator. (D.J.E. de 18.10.2011).

A minha resposta buscava esclarecer a razão pela qual o registro torrens deveria se consumar depois da homologação judicial. A resposta não figurou na publicação oficial, a cargo de entidade representativa de notários e registradores. O motivo da omissão parece óbvio…

De qualquer maneira, julgo oportuno introduzir o tema da minha resposta nos debates institucionais.

Pergunta: Já que o Sr. falou sobre a implantação do Registro Torrens e as razões do insucesso, gostaria que comentasse o seguinte. Como e por que pode dar certo o RT agora? A dependência de processo judicial para a concretização do registro não está na contramão da atual tendência de desjudicialização? A instituição notarial e de registro não teria uma resposta para o incremento da segurança jurídica sem o envolvimento do Judiciário e do Ministério Público?

SJ: A pergunta é muito instigante e não quero fugir ao desafio de respondê-la com o cuidado merecido. A chamada “dejudicialização” é um termo equívoco e neste caso impróprio, na minha opinião.

Após o advento da EC 45, os chamados “órgãos dos serviços notariais e de registro” (art. 103-B) passaram a ser percebidos nos limites do que tenho chamado, já há bastante tempo, de galáxia judiciária. A atividade registral não deixa de ser, propriamente, e com base na melhor exegese constitucional, uma atividade judiciária, não jurisdicional, é verdade, mas administrativa-judiciária. Assim como a atividade do corregedor permanente, ou do corregedor-geral de Justiça; serão, ambas, atividades administrativas-judiciárias.

É nesse contexto que se deve compreender a atuação do registrador.

Aliás, na condição de delegatários, o notário ou o registrador só podem receber, no conteúdo da delegação, atribuições que sejam próprias do poder delegante. Não é possível que se delegue aquilo que não seja próprio do delegante… Não tem sentido dizer, portanto, que as atividades registrais ou notariais representem, propriamente, um fenômeno de “dejudicialização”.

O assunto merece uma pausada reflexão.

Sou daqueles que sustentam que a atividade registral deve estar sob a salvaguarda do Poder Judiciário. A inatacabilidade da situação jurídica definida pelo ato de registro, um dos atributos do Registro Torrens, só se mantém quando esse ato esteja coberto pelo manto da imutabilidade e da intangibilidade – salvas as exceções conhecidas. O que exsurgiria do Registro seria uma situação típica da coisa julgada.

De igual maneira, entendo que o procedimento de dúvida deveria se converter em ação própria, com andamento e curso pelas vias ordinárias.

Na contra-mão do processo de “dejudicialização”, portanto, propugno que o Registro Torrens se aperfeiçoe no Cartório de Registro de Imóveis, sob a direção do Registrador, com a final homologação judicial, exatamente como prevê a atual Lei de Registros Públicos.

Esse fato sempre foi ventilado nos encontros de registradores brasileiros, especialmente pelos colegas baianos, que apontavam o desafeto do governador baiano como a causa desse enguiço cartorial.

Haveriam outras causas, ainda segundo esses registradores locais, estas bem mais picantes…

Vamos colecionando esses relatos que servem à elucidação de aspectos pouco iluminados da trajetória institucional dos cartórios brasileiros.

O governador Jaques Wagner decidiu como lhe competia. Está dentre as suas atribuições estabelecer vetos parciais ou integrais a projetos aprovados pelo Legislativo. Hábil, mediu e pesou como deveria agir diante da decisão da Assembléia Legislativa na sua unânime decisão pela privatização dos cartórios, uma das muitas razões e motivos que rotulam a Justiça da Bahia como uma das mais atrasadas do País –senão a mais- além de, reconhecidamente, ineficiente e extremamente morosa como opinam advogados e ministros de tribunais superiores. Situação que pune e impõe sacrifícios a quem a procura para dirimir pendências: o povo.

Os cartórios da Bahia, únicos no País atrelados ao passado, remontam à época em que se tornaram públicos como conseqüência de um litígio envolvendo um notário que discordara do poder político da época em que ACM era governador, transformaram-se num estorvo para a população. Mais ainda. Abriu espaço para a corrupção, para a propina, a chamada “comissão por fora”, o chamado “CPF”, como ironicamente foi rotulada a “gorjeta”.

Wagner chegou a cogitar no veto, diante da pressão feita pela presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Telma Brito. Acabou refletindo mais profundamente para chegar à conclusão da sanção sem vetos, atendendo aos anseios generalizados dos baianos. Na verdade, o governador ampliou a sua visão sobre a questão. Afirmou, primeiro, que faria consultas à sua equipe. Não se sabe se o fez. Creio que não, porque atrelou como argumento para não vetar o que foi aprovado pela Assembléia que não lhe competia julgar a constitucionalidade, ou não, do projeto. Fica claro que, certamente, não houve a consulta porque agiu não somente como governante em defesa dos interesses dos baianos, de forma geral, mas como político de visão ao declarar que não lhe competia julgar a constitucionalidade. Entendeu certo. Ele é o Executivo, não é o Judiciário. Cada poder tem a sua esfera de ação.

Claramente derrotada, Telma Brito, desde o início contrária à privatização dos cartórios, lastreava-se não na melhoria dos serviços cartoriais – um erro evidente- mas na perda de receita do Judiciário, que se movimenta como uma máquina pesada, aos trancos e barrancos. Seria uma perda de R$14 milhões/mês, receita que, se perdida, será amplamente compensada por um serviço eficiente. Além do mais, os deputados observaram esta questão e adotaram, na agora lei dos cartórios privatizados, um sistema compensador. A presidente do TJ-Ba pretende, segundo ela, recorrer ao Supremo Tribunal Federal para conseguir a inconstitucionalidade da lei e retornar ao atraso, aos vícios dos cartórios públicos. Pode ter sucesso na sua pretensão, mas não convém contar com isso. O STF saber o que é a Justiça baiana.

Além do mais, em final de gestão, qualquer decisão do STF acontecerá muito depois de a presidente deixar o posto em que se encontra, porque o Supremo está assoberbado de processos. Seguramente, a Corte está mais interessada em aprimorar – aprimorar coisa nenhuma, a melhorar porque aprimorar é lustrar o que já é bom, o que não é o caso quando se trata do Poder Judiciário. Principalmente o da Bahia, que não é bom, mas simplesmente é a justiça baiana. Diferente, estranha, manipulada no passado, confusa e estagnada no presente. Assim posto, a presidente do Tribunal reage indo, queira-se ou não, em defesa de uma realidade perversa que permeia os atuais cartórios.

Seria inadmissível que o senso político faltasse ao governador. Primeiro, por não lhe caber decidir sobre o que é e o que não é constitucional. Não se trata de assunto referenciado ao Executivo. Segundo, o projeto foi aprovado por unanimidade pela Assembléia, depois de trabalho exaustivo e criterioso dos deputados, que correram o risco de desgaste diante da demora para levar o projeto à votação, que lá se encontrava há três anos, se a memória não me trai. Não decidiram nada sem pensar, sem refletir, sem discutir, sem se reunir, sem ouvir todas as partes.

Conforme Newton, o físico, em sua lei, “a cada ação corresponde uma reação igual e instantânea.” Se a justiça baiana for ao Supremo esgrimir em defesa do atraso, da incompetência e da eficiência, se permitir a presença do tal “CPF”, a propina, enfrentará o Legislativo, que defenderá a posição que tomou com o aplauso dos baianos inquietos com os absurdos cometidos, abertamente, pelos cartórios com as suas indecentes filas que desrespeitam a cidadania.

O Legislativo fez bem a sua parte; o governador Jaques Wagner agiu com bom senso e se sente aliviado diante do dever cumprido. O que de resto acontecer não terá significado. A não ser para quem deseja combater o mau combate.

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Esse tema tem rendido uma interminável controvérsia – especialmente com o advento do novo código civil. Explica-se.

Tanto no regime anterior, quanto no atual, determinadas pessoas têm limitada a liberdade de escolha do regime patrimonial que vigerá em seus respectivos casamentos.

Regime de exceção – casos em que se aplica

O regime patrimonial que a Lei impõe aos nubentes é o chamado regime da separação obrigatória de bens (CC, art. 1641). Esse regime, nos termos do novo código, é imposto:

1. aos que se casaram em infração às causas suspensivas do casamento (CC, art. 1.523);
2. aos maiores de 60 anos (CC, art. 1641, II) e
3. aos menores que se casam com autorização judicial (CC, art. 1641, III)

A doutrina sempre buscou discernir a diferença fundamental no regime dos que se casam pela separação obrigatória da convencional. Há, efetivamente, uma diferença?

A resposta, evidentemente, seria não, não há.

O problema todo se originou da disposição legal contida no art. 259 do código revogado que fez surgir, na prática, dois regimes de separação de bens:

Art. 259. Embora o regime não seja o da comunhão de bens, prevalecerão, no silêncio do contrato, os princípios dela, quanto à comunicação dos adquiridos na constância do casamento.

As conclusões que se retiram do citado dispositivo são estas:

1. Aplicado o dispositivo ao regime da separação convencional de bens a regra acarretaria a comunhão dos aquestos, caso não houvesse a pactuação prévia, por escritura pública, prevendo expressamente a exclusão (a) dos bens adquiridos anteriormente ao casamento ou (b) dos que viessem a ser adquiridos pelos cônjuges  (Nesse sentido, vide AC 990.10.017.203-4, abaixo comentada);
2. No caso do regime da separação legal ou obrigatória de bens, o mesmo entendimento se impunha;

Em face desse panorama legal, o Supremo Tribunal Federal editou a  conhecida Súmula 377:

No regime da separação obrigatória de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento.

Mas o problema hoje enfrentado pelos juristas reside no fato de que o referido art. 259 foi revogado pelo novo diploma civil e não há qualquer dispositivo que lhe corresponda na nova ordem civil.

Nesse caso, como ficamos? A Súmula 377 continua em vigor e produzindo todos os seus efeitos?

A doutrina controverte. Não é o nosso foco reproduzir aqui as abalizadas opiniões que se orientam num ou noutro sentido.

Calha destacar que é bastante robusta a tese da vigência da Súmula 377, fortalecida pela exegese histórica do Projeto de Código Civil. O artigo 1.641 do Projeto tinha a seguinte redação:

É obrigatório o regime da separação de bens no casamento, sem a comunhão de aquestos:

A parte final foi suprimida pela Câmara dos deputados com a seguinte justificativa:

“em se tratando de regime da separação de bens, os aquestos provenientes do esforço comum devem se comunicar, em exegese que se afeiçoa à evolução do pensamento jurídico e repudia o enriquecimento sem causa, estando sumulada pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula 377)”. (DA SILVA, Regina Beatriz Tavares (Org). Código Civil comentado. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 1.791).

Jurisprudência bandeirante

Para nós, registradores, importa verificar que o Conselho Superior da Magistratura mantém, até o presente momento, o entendimento no sentido de que a Súmula 377 do STF continua em pleno vigor – ao menos no que toca aos casamentos celebrados antes da vigência no novo código.

Em curiosa decisão, o C. Conselho Superior da Magistratura de São Paulo julgou que a Súmula 377 do STF se aplicaria mesmo aos casos em que o regime de bens adotado fosse o da separação convencional de bens. Trata-se de AC  990.10.017.203-4, cuja ementa está vazada nos seguintes termos:

REGISTRO DE IMÓVEIS – Doação com reserva de usufruto de imóvel de propriedade do doador casado anteriormente ao novo Código Civil pelo regime da Separação total de bens – Discussão sobre a incidência da Súmula n. 377 do E. Supremo Tribunal Federal – Necessidade de abertura do inventário da falecida esposa do doador para elucidar a questão – Dúvida procedente – Recurso não provido.

Discutia-se a aplicação da regra em casamento celebrados anteriormente ao novo código Civil. Colhe-se do julgado bons argumentos e a indicação de vários precedentes do mesmo Conselho:

Desse modo, ainda que a comunhão de aquestos não se verificasse na vigência do Código Civil de 2003 – o que é controvertido na doutrina, ao contrário do afirmado nas razões de recurso -, o certo é que o casamento celebrado pelo apelante não se sujeitaria à nova regra, nos exatos termos do art. 2.039 do Código Civil.

Desse modo, se o casamento antecedeu o Código Civil em vigor, a controvérsia sobre os bens adquiridos onerosamente durante o matrimônio só poderá ser solucionada nos autos de inventário, ou mediante a comprovação de que o pacto antenupcial excluiu expressamente a comunicação dos aquestos, como exigia o art. 259 do Código Civil de 1916.

A jurisprudência desse E. Conselho está consolidada no sentido da inadmissibilidade do registro de atos negociais praticados por pessoas casadas pelo regime da separação de bens antes do Código Civil de 2002, sem prévia decisão a respeito dos aquestos:

“DJ-53.831-0/5 - AVARÉ- Registro de Imóveis – Dúvida – Escritura de venda e compra – Alienante viúva que adquiriu o imóvel na constância do casamento – Regime da separação obrigatória de bens – Comunhão dos aqüestos mesmo no regime matrimonial de separação obrigatória de bens (Súmula 377 da Suprema Corte) – Necessidade de partilha do bem – Suposta incomunicabilidade do imóvel por não ter o cônjuge falecido contribuído para sua aquisição deve ser debatida e reconhecida em sede jurisdicional – Dúvida procedente – Apelação não provida”.

“DJ-67.161-0/4 - CAPITAL- CASAMENTO — Regime de separação legal de aqüestos. Aplicação da Súmula 377 do STF e art. 259 do Código Civil. Bens comunicáveis. Inexistência de pacto antenupcial de separação absoluta de bens. Incomunicabilidade a ser resolvida no juízo do inventário. Dúvida procedente. Recurso a que se nega provimento”.

REGISTRO DE IMÓVEIS – Dúvida. Escritura pública de venda e compra de imóvel. Aquisição da nua propriedade pela mulher e do usufruto pelo marido. Regime de separação obrigatória de bens. Recusa do registro porque, em razão da comunicação dos aqüestos, o marido seria também co-titular da nua propriedade, não podendo, assim, ser usufrutuário do imóvel todo. Prova, no curso da dúvida, de que a mulher obteve o numerário destinado à compra da nua propriedade contraindo mútuo pecuniário perante terceiro, satisfazendo sua obrigação perante o mutuante com dação em pagamento de imóvel próprio, adquirido quando solteira. Sub-rogação real. Prova majorada, porém, que não pode ser apreciada neste procedimento de dúvida. Necessidade de reapresentação do título ao registrador instruído com a mencionada prova documental. Recusa do registro mantida. Recurso não provido” (Ap. n. 077.870.0/8, rel. Des. Luis de Macedo).

Do mesmo teor: Apelações Cíveis nº 62.111-0/0 e 63.914-0/2, 976-6/5 e 843-6/9. Assim sendo, o recurso deve ser improvido, para que seja mantida a recusa ao registro da doação.

Ainda recentemente o mesmo V. órgão decidiu ser aplicável a referida súmula para os casos de aquisição de bem imóvel por cônjuge casado pelo regime da separação obrigatória de bens. Trata-se da Ap. Civ. 990.10.094.271-9, j. 30.6.2010, DJE de 24.9.2010, São Vicente, Relator des. Marco César Müller Valente. Sua ementa é clara:

EMENTA: Registro de Imóveis. Dúvida julgada procedente. Negativa de registro de escritura pública de alienação de imóvel sem prévio inventário do cônjuge pré-morto. Regime de separação legal de bens. Imóvel adquirido na constância do casamento. Comunicação dos aquestos. Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal. Necessidade de prévio inventário e partilha de bens do cônjuge pré-morto, para identificação dos bens que se comunicaram. Não atendimento ao princípio da continuidade. Registro inviável. Recurso não provido.

Neste acórdão o Conselho Superior da Magistratura deixa assinalado, de passagem, que é válida a doação entre cônjuges no regime da separação legal de bens.

Pequena digressão etimológica

A expressão aquestos é de boa fonte. Vejamos:

Aquesto. S.m. Bem adquirido pelo esforço do casal e não de um só dos cônjuges. (Do pref. ad~ e do lat. quaestu, ganho, lucro, proveito.

A dúvida foi julgada procedente por outros motivos que não o cerne da questão posta em discussão. Em relação a esta, o magistrado sinalizou a possível superação do óbice levantado por mim nos termos em que se pode ver logo abaixo.

O caso era muito interessante e vale a pena apresentá-lo à discussão.

O motivo que fundamentou a denegação de registro era deveras singelo: imóvel doado a donatário, já falecido, com imposição de cláusulas adjetas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade. Tendo o donatário contraído núpcias ao tempo da vigência de ditas cláusulas – não se comunicando, pois, o bem à parceira consorte – não se justificaria que no inventário e partilha se a contemplasse na condição de viúva-meeira.

Sustentei que tal fato representaria, na verdade, aquisição sem o necessário título material.

O imóvel havia sido adquirido há muitos anos, a título de doação, o adquirente na situação de menor impúbere e solteiro. À margem da longeva transcrição não havia qualquer averbação modificativa da situação jurídica, remanescendo, o registro, com a configuração original.

Posteriormente, segundo se apurou (com a apresentação, pelos interessados, de novos documentos) os doadores, progenitores do de cujus, juntamente com os donatários, rerratificaram o título que dera origem à referida transcrição para modificar o caráter da restrição – de vitalício passaria a temporário. Assim,  as cláusulas restritivas onerariam o imóvel doado “não mais vitaliciamente, mas por prazo limitado, ou seja, até a data em que cada um dos donatários (…) atinja a idade de quarenta anos”.

Em suma, as cláusulas se manteriam até que o donatário, de cujo acervo hereditário se cogitava,  completasse 40 anos.

Pois bem. Ocorre que o donatário contraíra matrimônio pelo regime legal (comunhão universal de bens). À época do matrimônio, o donatário contava com quase 25 anos – portanto muito menos que os 40, termo extintivo das ditas cláusulas restritivas.

A situação que exsurge do quadro enunciado é que, à época do casamento, vigiam plenamente as cláusulas convencionais restritivas de domínio, inclusive, e especialmente, a cláusula de incomunicabilidade, de modo que o cônjuge consorte não teria adquirido o direito em decorrência do casamento e de seu respectivo regime matrimonial.

A questão que se pôs à consideração do juiz era: transcorrido o prazo de vigência e eficácia da dita restrição, podendo a mesma ser cancelada extrajudicialmente ou por mandado judicial, o ato de canceladura faria projetar seus efeitos modulando o próprio ato jurídico aquisitivo? Ou por outra: o cancelamento das cláusulas – por caducidade ou em decorrência de determinação judicial – poderia ser considerada causa aquisitiva – rectius: título material – da propriedade pelo cônjuge?

Os interessados sustentavam que à época da abertura da sucessão nenhuma restrição remanescia a impedir “que a meação de sua viúva fosse especificada na partilha”. Considerar de forma distinta levaria, segundo eles, à ideia de que “a incomunicabilidade não cessaria seus efeitos na superveniência dos 40 anos do donatário”.

Não defendíamos, obviamente, uma eficácia continuada da cláusula de incomunicabilidade que, à toda evidência, caducara – fato jurídico que ainda se encontrava pendente de averbação. O óbice levantado pelo Registro era de outro cariz. Falávamos especificamente da pressuposição, ínsita no arrolamento, de que os bens inventariados e partilhados com reserva de meação haviam sido adquiridos anteriormente, o que não ocorrera.

A partilha ostenta um caráter meramente declaratório (Carvalho. Afrânio de. Registro de Imóveis. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 144). O acervo hereditário se singulariza na partilha, com a reserva de meação e a atribuição dos quinhões hereditários. Mas o ato declaratório faz sempre pressupor uma aquisição anterior, o que, efetivamente, não ocorrera.

O que queríamos destacar é que se não poderia falar propriamente em meação no caso – quando muito de herdeiro concorrente.

O herdeiro interessado argumentava que se deveria atentar à vontade dos doadores – o que permitiria se chegasse a uma conclusão diversa daquela à que chegamos. Sustentava que o casamento do donatário seria evento que ocorrra em data posterior ao próprio aditamento da doação. “Esse fato demonstra”, aduz, “que a limitação da incomunicabilidade sequer ocorreu em atenção à pessoa da esposa do donatário”.

Pois bem. Nem a vontade dos doadores pode ser interpretada extrajudicialmente (Ap. Civ. 13.903-0/1, j. 9.12.1991, DOE 28.1.1992, São Paulo, rel. Onei Raphael) nem é exatamente esse o sentido que se poderia extrair da leitura atenta dos documentos acostados pelos interessados. O fato de se ter modificado a extensão temporal do gravame não infirma o que se sustentou até aqui. Não se qualificou formalmente a situação específica dos donatários no jogo das restrições, posto não houvesse qualquer declaração, reduzida formalmente a termo notarial, que pudesse levar às conclusões a que o interessado apontou. E mesmo que se pudesse chegar a essa conclusão, a vontade das partes não chegou a ser perfeitamente instrumentalizada. Isto é, não se aptificou em ordem a produzir os efeitos que se estima e deduz fossem os desejados pelos doadores.

Em suma, o cônjuge supérstite não teria título aquisitivo de molde a legitimá-la na posição de cônjuge-meeira na sucessão.

Curiosamente, os interessados acenavam com o cancelamento retro-operante do gravame – de molde a colher, no passado, o ato aquisitivo do cônjuge, alterando-o. Sustenta que o cancelamento das cláusulas teria o efeito extravagante de modificar o trato sucessivo.

É certo que em sede jurisdicional todas as questões aventadas pelo interessado poderiam ser livremente apreciadas, formando o magistrado livre convencimento e decidindo sem as peias que, no âmbito administrativo, naturalmente se produzem. Na seara administrativa, contudo, o Registrador estará limitado à legalidade estrita e ainda que se não possa vislumbrar quaisquer prejuízos aos envolvidos, ainda assim não se defereria o registro sem sólida base legal ou jurídica.

Por fim, lembra, o suscitado, que havia mandado judicial de cancelamento do gravame, requerido pelo doador. Daí a concluir que

“Não somente há escritura limitando a dita incomunicabilidade, aposta no momento da doação, à superveniência dos 40 (quarenta) anos de idade do Sr. J, como o próprio donatário veio a requerer o cancelamento dessa incomunicabilidade pela via judicial, efetivamente deferido, razão pela qual é de se entender que não era da vontade de nenhuma das partes, nem doadora, nem donatária, a extensão dos efeitos da incomunicabilidade a período superior aos quarente anos do donatário”.

Uma vez mais é preciso reiterar que não se sustentou a vigência continuada das ditas cláusulas. Simplesmente sustentamos que o seu cancelamento – por meio judicial ou extrajudicial – não teria a virtude de repercutir na situação jurídico-patrimonial criada pelo casamento. Pode-se averbar o cancelamento das ditas cláusulas e ainda assim remanesceriam as questões apontadas.

Terminamos a suscitação de dúvida citando, por lealdade ao debate, a posição defendida pelo registrador paulistano Ademar Fioranelli que, enfrentando o tema, assim se manifestou:

“Interessante observar que, com o cancelamento das cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade devido ao cumprimento da condição ou o advento do termo (certo ou incerto), o imóvel antes gravado com referido vínculo experimenta notável transformação, recobrando o proprietário o direito de livre disposição, e os credores a garantia de seus créditos”.

E segue pontificando:

“O bem antes incomunicável, de propriedade exclusiva, passa à condição de coisa comum, na eventualidade do beneficiário casar-se ou mesmo de já estar casado no momento da liberalidade (doação ou testamento), pelo regime da comunhão universal de bens, entrando na partilha pela dissolução da sociedade conjugal ou na transmissão mortis causa”. (FIORANELLI. Ademar. Das cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. São Paulo: Saraiva: 2009, p. 80).

A dúvida foi julgada procedente por motivos meramente formais. No cerne, o meritíssimo juiz entendeu possível o registro – o que se fará com a apresentação do título e demais documentos.

Confira aqui a íntegra do processo e decisão: Processo 0010006-77.2011.8.26.0100.

É certo que em nosso sistema uma ordem judicial deve ser cumprida; certo, ainda, que a determinação judicial presume-se conforme a ordem legal e jurídica.

Mas isto não tem acontecido.

Mesmo a superação dos óbices levantados pelos cartórios, para a admissão de títulos como o que se vê abaixo, nunca se dá com a apreciação do óbice oposto pelo registrador com a sua superação com base e fundamento legal.

Simplesmente a questão se encerra no exercício da potestas, descuidada, desde algum tempo, da correlata autorictas. 

Os termos da discussão postos em debate são estes:

Ordem judicial manifestamente ilegal, por infringir expressa determinação legal, deve ser cumprida?

O fato que assim tem decidido o STJ. Os registros feitos nessas condições deixarão de ser nulos de pleno direito? Serão anuláveis por iniciativa do atingido? E os terceiros que adquirirem o imóvel? Ou, para liquidar a questão: toda nulidade será absolvida por uma decisão judicial, ainda que manifestamente ilegal?

Penhora – continuidade. Título judicial – qualificação registral – desobediência – crime. Continuidade.

EMENTA NÃO OFICIAL. 1 – A origem judicial do título não o livra da qualificação registral. 2) – Embora eivada de nulidade, por ferir preceitos legais, a ordem judicial deve ser cumprida.

Processo nº. 0023397-02.2011 Pedido de Providências Requerente:15º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital. CP 167 (D.J.E. de 27.06.2011)

VISTOS.

Cuida-se de representação formulada pelo 15º Oficial Registro de Imóveis, que informa ter averbado, por determinação do MM. Juízo da 69ª Vara do Trabalho, sob pena de crime de desobediência, penhora no imóvel objeto da matrícula nº 97.886 com violação ao princípio da continuidade registral.

O Ministério Público manifestou-se no sentido de que eventual prejuízo ao proprietário deverá ser solucionado perante o MM. Juízo do Trabalho (fl. 19).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Observe-se, de início, consoante reiterado posicionamento do E. Conselho Superior da Magistratura, que a origem judicial do título não o isenta de qualificação. Nesse sentido:

“Apesar de se tratar de título judicial, está ele sujeito à qualificação registrária. O fato de tratar-se o título de mandado judicial não o torna imune à qualificação registrária, sob o estrito ângulo da regularidade formal, O exame da legalidade não promove incursão sobre o mérito da decisão judicial, mas à apreciação das formalidades extrínsecas da ordem e à conexão de seus dados com o registro e a sua formalização instrumental”.

O Egrégio Conselho Superior da Magistratura tem decidido, inclusive, que a qualificação negativa não caracteriza desobediência ou descumprimento de decisão judicial (Apelação cível n.413-6/7).

Quanto ao mais, a recusa do Oficial de Registro de Imóveis mostra-se correta porque violado o princípio da antiguidade que, de acordo com a doutrina de Afrânio de Carvalho, quer dizer que:

“em relação a cada imóvel, adequadamente individuado, deve existir uma cadeia de titularidade à vista da qual só se fará a inscrição de um direito se o outorgante dele aparecer no registro como seu titular. Assim, as sucessivas transmissões, que derivam umas das outras, asseguram a preexistência do imóvel no patrimônio do transferente” (Registro de Imóveis, Editora Forense, 4ª Ed., p. 254).

Na mesma senda, Narciso Orlandi Neto, in Retificação do Registro de Imóveis, Juarez de Oliveira, pág. 55/56, observa que:

“No sistema que adota o princípio da continuidade, os registros têm de observar um encadeamento subjetivo. Os atos têm de ter, numa das partes, a pessoa cujo nome já consta do registro. A pessoa que transmite um direito tem de constar do registro como titular desse direito, valendo para o registro o que vale para validade dos negócios: nemo dat quod non habet”.

O princípio da continuidade é tratado pela Lei nº 6015/73 em seus arts. 195 e 237, in verbis:

“Art. 195 – Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade do registro.”; e

“Art. 237 – Ainda que o imóvel esteja matriculado, não se fará registro que dependa da apresentação de título anterior, a fim de que se preserve a continuidade do registro.”

No caso em exame, a penhora recaiu sobre imóvel que se encontra registrado em nome de pessoas diversas dos executados na reclamação trabalhista, resultando em patente quebra da continuidade.

A despeito do acerto do Oficial e de sua louvável cautela, que deve ser mantida em casos análogos para que sobre si não recaia qualquer tipo de responsabilidade, recentemente o E. STJ, no conflito de competência nº 106.446, relator Min. Sidnei Beneti, entendeu ser o juízo do Trabalho o único competente para decidir sobre o registro da carta de arrematação, incumbindo-lhe zelar pelo fiel cumprimento da Lei dos Registros Públicos.

Diante desta nova orientação, malgrado o posicionamento deste juízo, que vinha sistematicamente cancelando os registros eivados de nulidade de pleno direito como o presente, o registro não pode ser cancelado.

Posto isso, INDEFIRO a representação do 15º Oficial de Registro de Imóveis.

Oportunamente, ao arquivo.

P.R.I.C.

São Paulo, 9 de junho de 2011.

Gustavo Henrique Bretas Marzagão – Juiz de Direito.

Sérgio Jacomino e Walter Ceneviva

O cartório não é o principal responsável por informar a morte dos pensionistas ou beneficiários ao INSS

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) ameaçou cartórios do registro civil do Brasil de cobrar deles benefícios e pensões que o órgão previdenciário tem pago a pessoas já mortas. O INSS diz ter quitado tais benefícios por falta de atualização de dados que aqueles registradores lhe deveriam ter comunicado.

Esclarece mais que detectou 8.000 omissões em quase igual número de municípios. Sendo possivelmente (não tenho estatística a respeito) o órgão da administração que mais tem frequentado as manchetes em matéria de golpes contra o dinheiro público (lembramos a fortuna que uma senhora fluminense desviou dos cofres previdenciários), fica a dúvida sobre os motivos da divulgação esdrúxula.

O valor reclamado é ridículo: R$ 100 mil, em um INSS cujo deficit até dois meses atrás beirava os R$ 6 bilhões. Se a cobrança pelos supostos óbitos não comunicados desse certo, seria uma gota no oceano.

Esclarecendo a obrigação legal, saiba o leitor que os cerca de 8.000 serviços brasileiros do registro civil devem efetivamente enviar ao INSS, em cada mês vencido do ano-calendário, a relação dos óbitos registrados no mês anterior.

Ignorada a morte, as pensões continuam a ser depositadas indevidamente. Contudo, mesmo que algum oficial do registro civil tenha falhado no preenchimento dos formulários mensais, o INSS não terá direito de cobrar dele o valor creditado em favor do “de cujus”"(nome pelo qual os juristas indicam o falecido).

Há duas razões para a convicção de que se trata de uma gota de água em alto-mar. A informação dos cartórios é apenas uma das fontes pelas quais o INSS sabe que seu pensionista ou beneficiado faleceu, pois seu nome sai da lista dos empregadores públicos e privados.

Tanto que, de tempos em tempos, o INSS tem determinado renovação das inscrições de beneficiários e pensionistas, a confirmar o caráter supletivo dos cartórios. Há mais: a informação era originariamente endereçada ao IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a evidenciar que os cartórios não eram fonte essencial para esse fim.

Em segundo lugar, a contribuição patronal faz do empregador o primeiro elo do débito, quando não recolhe contribuição em nome do empregado morto.

O obrigado essencial não é o cartório do registro civil. A ordem sucessiva das responsabilidades impede que o INSS (por um problema interno) queira pôr o registrador na roda. A desorganização está no órgão previdenciário.

Tudo isso sem considerar a balbúrdia jurídica gerada pelo Legislativo no regulamento da previdência. Se o leitor quiser ter ideia do que se passa, sugiro que, na página legislativa do INSS ou da Presidência da República, confira as alterações da lei n.º 8.212, a partir de 1991.

A omissão ou o erro do registrador, na remessa mensal ao INSS, sujeita-o à multa ou à punição disciplinar, mas não a substituir o patrão devedor. Não tem solidariedade jurídica com o empregador.

A oportunidade é boa para que a administração verifique se as diferenças, que agora quer cobrar aos registradores, não estão no bolso de mais um “sócio” do INSS, repetindo moldes conhecidos. O nó górdio do problema está nesse ponto. Não nos registradores civis, os primos pobres do universo registrário.

* WALTER CENEVIVA. FSP de 2.7.2011.

Publicamos abaixo o programa esboçado para a visita ao Registro de Imóveis da Inglaterra pela Comissão do CNJ/Arisp.

Study visit to HM Land Registry Head Office Croydon for a delegation from Brazil  

Programme

Tuesday 21 June – Room 709

• 09:55 Arrival Land Registry - Head Office Trafalgar House Croydon CR0 2AQ Sue Knowles (Co-ordinator, International Unit)
• 10:00 – 12:15 Welcome and Introduction to Land Registry Julie Barry (Head of International Unit)
• 12:15 - 13:00 Buffet lunch
• 13:00 - 14:15 Legislation – Major ordinances on title registration and their respective purposes. Genny Millinger (Assistant Land Registrar)
• 14:15 - 14:30 Refreshment break
• 14:30 – 15:30 E-services and channel migration Joy Bailey (Assistant Land Registrar)
• 15:30 - 16:00 Review of the day and questions Julie Barry and Sue Knowles

Wednesday 22 June – Room 709

• 09:55 Arrival Land Registry Head Office - Trafalgar House Croydon - CR0 2AQ
• 10.00 – 12:30 Introduction & Welcome. Presentation regarding Croydon Office. Background and Office Structure. Tour of office. David Cleasby (Area Manager), Shane Bartlett (Operations Manager),  Chris Jackson (Customer Team Leader), Helen Sanders (Land Registrar)
• 12:30 – 13:15 Lunch
• 13:15 - 14:45 Demonstration of Preliminary Services processing and systems - Demonstration of First Registration processing and systems - Demonstration of Dealing of Whole processing and systems. Emma Phillips (Operations Executive), Clare Robinson (Operations Executive). Rose Rodney (Operations Executive). Mark Bigny (Operations Executive).
• 14:45 - 15:30 Question and Answer Session Shane Bartlett. Chris Jackson, Helen Sanders, Sue Knowles

Note: This programme is flexible. Content and timings may alter to meet the requirements of the delegates.

Na semana passada fui instado a suscitar dúvida sobre um caso aparentemente banal. Pretendeu-se registrar algumas escrituras públicas que tinham por objeto unidades autônomas que se achavam vinculadas a um cadastro único do todo (matrícula-mãe), inscrição originária que presumivelmente terá sido cancelada em face do surgimento de novas parcelas (unidades autônomas).

Os interessados insistiam na desnecessidade de se averbar a mudança de numeração cadastral – “até porque o cadastro original foi cancelado”.

Ao final e ao cabo os interessados desistiram da dúvida, remanescendo os termos da suscitação de dúvida rogada que ora apresento aos estudiosos do tema, buscando, com isso, formentar o debate.

Busquei responder a questões como: o cadastro é elemento essencial da especialidade objetiva do bem? Sua mudança gera a obrigatoriedade da averbação da mutação?

A questão foi enfrentada no contexto da legislação urbanística e cadastral paulistana, corpo legal que cria obrigações acessórias aos notários e registradores, como se verá do texto abaixo. Além disso, o texto enfrenta problemas concretos, razão pela qual não está vazado em termos acadêmicos.

Cadastro municipal e especialidade ojetiva

O motivo que impediu o acesso do título à tábua registral é o fato de não ter sido indicado o número de inscrição no Cadastro Fiscal Imobiliário da Prefeitura Municipal de São Paulo. Tal requisito é essencial para a especialidade objetiva dos imóveis em tela e para conferência dos tributos devidos pela sua alienação.

O óbice apontado pelo Registro se relaciona à necessidade de comprovação de mudança do cadastro municipal dos imóveis objetos da escritura apresentada a registro.

A Lei 6.015, de 1973, prevê, no artigo 176, § 1º, 3, “b”, que na matrícula do bem imóvel deve conter, além de suas características e confrontações, localização, área, logradouro, número e “designação cadastral, se houver”.

No caso concreto, sempre houve designação cadastral – aliás, indicada já no descerramento das matrículas respectivas. Presume-se o desmembramento do cadastro, já que a inscrição originária abrangia o todo, atribuindo-se a cada uma das unidades (parcelas) uma nova designação cadastral. A presunção encontra conforto na lei do Município de São Paulo que exige a inscrição no Cadastro Imobiliário Fiscal, nos termos do art. 2º da Lei Municipal 10.819, de 28 de dezembro de 1989:

“Art. 2º Todos os imóveis, construídos ou não, situados na zona urbana do Município, inclusive os que gozem de imunidade ou isenção, devem ser inscritos no Cadastro Imobiliário Fiscal”.

Solicitamos a comprovação da alteração cadastral sofrida – ao que respondeu o interessado ter sido cancelado o número de contribuinte original. Tal fato se declara igualmente na escritura apresentada ao Registro.

A designação cadastral é um elemento importante na especialização objetiva dos imóveis matriculados, além de ser exigida na lei municipal paulistana referida. Calha, à espécie, a regra que vem consagrada no art. 225,  § 2º, da Lei n. 6.015/1973:

“§ 2º Consideram-se irregulares, para efeito de matrícula, os títulos nos quais a caracterização do imóvel não coincida com a que consta do registro anterior”.

De fato, constando a designação cadastral na especialização do imóvel, consoante prevê o artigo 176, § 1º, 3, “b” da Lei de Registros Públicos, sua alteração (ou cancelamento) exigiria alteração, a ser promovida nos termos do art. 246 da Lei 6.015, de 1973.

O C. Conselho Superior da Magistratura já enfrentou caso análogo decidindo que sendo divergentes a descrição do imóvel e o número do cadastro municipal correspondente, em relação ao que consta do registro, o acesso do título deve ser denegado:

“Tais divergências, sem dúvida, impedem, por igual, a inscrição pretendida, sob o prisma do princípio da especialidade registral (art. 225, § 2º, da Lei n. 6.015/1973), mostrando-se necessária prévia retificação do título ou, eventualmente, do próprio registro”. (Ap. Civ. 990.10.017.578-5, j. 13.4.2010, DJE de 1.6.2010, Caçapava, Relator: des. Munhoz Soares).

Cadastro e ITBI-IV

Por outro lado, a questão da indicação da inscrição cadastral está diretamente relacionada com a verificação do recolhimento de tributos – especialmente do Imposto sobre Transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição – ITBI–IV.

Nos termos do art. 7º do Decreto 51.627, de 2010, a base de cálculo do ITBI-IV é o valor venal atribuído aos bens ou direitos transmitidos, “assim considerado o valor pelo qual o bem ou direito seria negociado à vista, em condições normais de mercado”.

A base de cálculo do imposto é, portanto, o chamado “valor venal de referência”, apurado no site da própria Prefeitura Municipal da Capital de São Paulo (acesso aqui). Ocorre que a indicação do número de inscrição no cadastro municipal é requisito obrigatório para a apuração do valor venal de referência. No caso concreto, a pesquisa resulta sempre infrutífera: “número de Contribuinte inválido ou inexistente”, informa o site da PMSP, “contribuinte não se enquadra nas condições previstas para a emissão da Certidão de Dados Cadastrais do Imóvel”, remata o texto.

A questão se torna ainda mais problemática na medida em que o notário e o registrador estão obrigados, pelo referido Decreto Municipal 51.627, de 2010, a verificar a exatidão do recolhimento,  colmatando eventuais lacunas no respectivo documento de arrecadação:

“Art. 28 Os notários, oficiais de Registro de Imóveis e seus prepostos ficam obrigados a verificar a exatidão e a suprir as eventuais omissões dos elementos de identificação do contribuinte e do imóvel transacionado no documento de arrecadação, nos atos em que intervierem”.

Como se vê, existe um vínculo que une as operações de fixação do valor base de recolhimento do imposto devido aos formulários que atestam a regularidade da operação. Esse vínculo chama-se cadastro municipal.

Note-se, por fim, que o notário não declarou, na escritura que lavrou, sob sua estrita responsabilidade, que se cumpriu a regra prevista no item 7 da Portaria SF 81/2005, cujo texto é o seguinte:

“7. Os notários, oficiais de registro de imóveis ou seus prepostos deverão conferir o valor do Imposto e informar a data constante do documento de quitação, por número de transação, acessando o Portal da Prefeitura da Cidade de São Paulo, no endereço eletrônico http://www.prefeitura.sp.gov.br, por meio de senha específica fornecida pela Secretaria Municipal de Finanças”.

A conclusão é cristalina: A inscrição no cadastro municipal (Cadastro Imobiliário Fiscal) é exigência da Lei Municipal paulistana n. 10.819, de 28 de dezembro de 1989. Sendo obrigatória a inscrição, a indicação do cadastro no registro é obrigatória (art. 176, § 1º, III, 2, “b” da Lei 6.015, de 1973). Havendo mudança ou cancelamento, tal fato deve ser objeto de averbação (art. 246 da LRP).