Pobre América Latina!

Será que a triste sina desta pobre América Latina não seja a confirmação de que somos todos uns boçais?

Ainda há alguns dias postei aqui mesmo a triste história da estatização do registro imobiliário argentino -“como uno de los medios de obtener fondos que sirvieron para la construcción del Palacio de Tribunales” – a propósito da crise estrutural do judiciário baiano.

A história se repete. Vejam a notícia de hoje do jornal equatoriano El Universo ###
Revisarán aranceles de registros de Propiedad

El CNJ estudia la propuesta de que estas entidades pasen a la Función Judicial.

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) resolvió impulsar el proceso de regulación de los costos de los servicios que prestan los registros de la Propiedad del país.

La resolución la adoptó el pleno del CNJ, el miércoles pasado, una vez que entró en rigor la nueva tabla de aranceles notariales, que ponen límites a los costos de los servicios que prestan las notarías del país.

A más de la homologación de los costos, se estudia la posibilidad de que estas entidades, a mediano plazo, dependan de la Función Judicial.

Otro de los temas que analiza el CNJ es la propuesta del presidente Rafael Correa, para que los servicios que prestan los registros de la Propiedad y Mercantiles, así como las notarías, estén a cargo del Estado y quienes ostenten ese cargo se conviertan en funcionarios públicos con sueldo fijo.

Sobre esta alternativa, difundida entre los operadores de justicia y respaldada por quienes utilizan los servicios de esas dependencias judiciales independientes, aún no hay resoluciones definidas.

El presidente de la Comisión de Recursos Humanos del CNJ, Max Ulpiano Salazar, sostiene que se prevé solicitar al Congreso Nacional una reforma legal para pasar esos servicios al Estado, o en su defecto, que sea la Asamblea la que decida sobre el cambio, a través de una norma constitucional.

Por el momento, dijo, existe la intención de iniciar un debate sobre la necesidad de que los aranceles y derechos que cobran estas dependencias no sean para beneficio personal de quienes ostentan el cargo.

“La idea es que sirvan para mejorar e incrementar la caja judicial, que está muy necesitada de recursos”, sostiene.

A su juicio, “es un secreto a voces que esas instituciones se convirtieron en uno de los negocios más rentables que tenía el país, por lo que la regulación de los costos por los servicios que prestan será acorde con las posibilidades económicas de la población”. La última tabla de aranceles registrales, que dolarizó los costos de los servicios que ofrecen estas dependencias, entró en vigencia en noviembre del 2003. Rige para todo el país, excepto el Registro de la Propiedad de Guayaquil.

Al respecto, el registrador Fernando Tamayo explicó que el arancel que se cobra en el cantón fue establecido sobre la base de un estudio elaborado por la firma auditora internacional Price Waterhouse.

El informe, solicitado por las cámaras de producción, se lo envió al anterior CNJ, en el 2001, cuyos vocales lo aprobaron. “La auditora determinó los valores a cobrarse para mantener la modernización del Registro de Guayaquil, que ha permitido además mejorar los 50 registros de la Propiedad del país”, aclaró Tamayo.

El funcionario defendió los valores establecidos en Guayaquil, por lo que indicó “que si se van a establecer nuevos aranceles tendrían que encargarle este trabajo a una firma auditora”.

Fonte: El Universo de 4/10/2007.