O documento aprovado na XIV Cúpula Judical Ibero-americana, realizada em Brasília entre os dias 4 e 6 de março deste ano, traz um tópico muito importante e que diz muito de perto com as atividades notariais e registrais pátrias.
Depois se seguidos anos de intenso incentivo à jurisdicionalização das relações sociais – amparada em tópicas como acesso à justiça, busca pela firmeza de decisões judiciais, potencialização de conflitos (com a sinalização conseqüente de que só a via jurisdicional pode gerar certeza jurídica), investimentos massivos no processo etc. – chega a ser estimulante que as cortes brasileiras reconheçam, em documento oficial, a importância da segurança jurídica como “instrumento essencial para a convivência e paz social”.
As atividades registrais e notariais são a concreção mais notável dos anseios por segurança jurídica da sociedade. O Direito necessita, como diz o documento conclusivo, de revestir-se de atributos de certeza, “para gerar a confiança e a previsibilidade necessárias”.
O sistema judicial não pode prescindir dos notários e registradores no concerto institucional que o documento sugere ser essencial para colimar os objetivos de certeza e previsibilidade. Nem seus operadores devem menoscabar essa multissecular atividade.
Um exemplo bastante eloquente de como o Judiciário pode ampllificar os mecanismos institucionais de segurança jurídica encontramos na antiga Ley Hipotecaria espanhola. O sistema registral daquele país consagra ali uma regra de ouro:
“Artículo 1 – El Registro de la Propiedad tiene por objeto la inscripción o anotación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles.
Las expresadas inscripciones o anotaciones se harán en el Registro en cuya circunscripción territorial radiquen los inmuebles. Los asientos del Registro practicados en los libros que se determinan en los artículos 238 y siguientes, en cuanto se refieran a los derechos inscribibles, están bajo la salvaguardia de los Tribunales y producen todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los términos establecidos en esta Ley”.
O Registro depende da bindagem do Poder Judiciário para que se alcance a almejada segurança jurídica. Trata-se da necessária coordenação de atribuições distintas, porem complementares. Como o o documento registra, a garantia de observância da regras do jogo “somente se alcança com o esforço coordenado dos diferentes poderes públicos, cabendo ao Poder Judiciário uma importante cota de responsabilidade na articulação e eficácia da mesma”.
Vale a pena ler o documento. Destaco o item sobre segurança jurídica.
SEGURIDAD JURÍDICA
18. CONSCIENTES de que el Derecho como instrumento esencial para la convivencia y la paz social precisa en todas sus manifestaciones del atributo de la certeza, para generar la confianza y la previsibilidad necesarias.
19. SABEDORES de que es el Estado quien debe garantizar en primer término la seguridad jurídica, que implica el funcionamiento adecuado de la totalidad del ordenamiento jurídico de un país, con pleno respeto a las reglas preestablecidas y a los mecanismos de alteración de las mismas, así como que esta garantía sólo se consigue con el esfuerzo coordinado de los diferentes poderes públicos, correspondiéndole al poder judicial una importante cuota de responsabilidad en la articulación y eficacia de la misma.
20. PERSUADIDOS de que la seguridad jurídica es un bien público indispensable no sólo para el desarrollo económico de los pueblos, sino también para la estabilidad y la cohesión social.
21. CONSCIENTES de que la seguridad jurídica no implica recortar la independencia de criterio del juez, ni va en detrimento de la equidad de la decisión. Por el contrario, la seguridad jurídica quiere que los jueces juzguen según criterios normativos preestablecidos y públicamente conocidos y, a la vez, tengan que exponer en sus sentencias las razones que fundan las decisiones que, de acuerdo al derecho vigente, estiman justas para cada caso.
22. EXHORTADOS por la necesidad de establecer un marco axiológico que defina las exigencias fundamentales de la seguridad jurídica en el espacio iberoamericano.
23. APROBAMOS las Reglas Mínimas sobre Seguridad Jurídica para el Espacio Iberoamericano.
24. INVITAMOS a las demás redes del sector justicia iberoamericano a ratificar y hacer suyas las reglas, así como a colaborar con nosotros para su difusión y conocimiento en los diferentes países de la región.
25. BRINDAMOS a toda la Comunidad Iberoamericana de Naciones el texto aprobado, y comprometemos desde ahora todo nuestro apoyo para que el mismo sea de general conocimiento, así como para que llegue a generar impactos beneficiosos en los diferentes sistemas jurídicos.
